“Plan contra la Sequía”: ¿de qué se trata la estrategia del Gobierno?

La propuesta estatal se centra en cuatro pilares de acción. Mientras, la autoridad confirmó que la Región Metropolitana se une a Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y Los Lagos bajo el régimen de Emergencia Agrícola.

Lago secándose; sequía
Los embalses registran 34% de su capacidad en el escenario de sequía que se vive en el país, donde las precipitaciones este año tienen déficit de entre 60 y 80% en la zona central de Chile.

El Gobierno de Chile dio a conocer su Plan contra la Sequía frente a la escasez hídrica que aflige a gran parte del país. Con esta iniciativa busca “aumentar la disponibilidad de agua y mejorar la eficiencia en su uso con el objetivo de asegurar el abastecimiento para el consumo humano y la producción de alimentos”.

La propuesta apunta hacia cuatro ejes: uso de agua desalada, tecnificación de riego para la producción de alimentos, agua potable rural y uso eficiente en las ciudades. “Las lluvias de las últimas semanas ayudaron, pero no resuelven la gravedad de esta sequía que se prolonga por más de 13 años”, afirmó el presidente Sebastián Piñera.

En la actualidad las zonas centro-norte y centro-sur del territorio se encuentran con déficits de precipitaciones de entre 60% y 80%, y una acumulación de nieve con déficits superiores a 85%. Además, los principales embalses registran sólo un 34% de su capacidad con una proyección para el caudal de los ríos cercana a sus mínimos históricos.

Por lo mismo, el ministerio de Obras Públicas decretó Escasez Hídrica en 135 comunas de seis regiones. “Esta medida permite redistribuir las aguas de los cauces para priorizar el consumo humano y autorizar la extracción de agua mientras dure la emergencia sin contar con los respectivos derechos”, detallan desde la entidad.

A lo anterior se agrega que las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Los Lagos se encuentran bajo Emergencia Agrícola.

Agua desalada

Se dará un fuerte impulso a la desalación, especialmente, en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Prontamente se inaugurará la primera planta desaladora estatal construida en Atacama y que abastecerá a 210 mil personas de Caldera, Copiapó, Chañaral y Tierra Amarilla”, informa la propuesta estatal.

Esta destaca que “la capacidad de las plantas desaladoras que existen en Chile para uso de minería, industrial y consumo humano asciende a 6.653 litros por segundo. Actualmente se construyen cuatro proyectos de desaladoras en Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo que sumarán 4.184 litros por segundo y existen tres proyectos en calificación ambiental por 3.610 litros por segundo y cuatro proyectos en desarrollo por otros 3.800 litros por segundo”.

Tecnificación de riego

Este “Plan contra la Sequía” anuncia la construcción de 26 embalses. “También se dará discusión inmediata al proyecto de prórroga de la Ley de Riego (18.450) por otros 12 años. Se creará un fondo especial que aumente los recursos en la ley de riego para superar los 110 millones de dólares de inversión por año en 2021 y 2022”.

Habrá inyección de recursos en varias áreas vinculadas a la distribución y manejo eficiente del recurso hídrico de nuestro país.

También se generará “un fondo de investigación estratégica en sequía por 6.000 millones de pesos para diseño de políticas públicas, normativas, estudios y soluciones tecnológicas”, anticipa la estrategia.

Agua potable rural

La disminución en la disponibilidad de agua afecta especialmente a las zonas rurales donde las familias se abastecen mediante sistemas comunitarios de agua potable rural (APR) y camiones aljibes.

“Se han aumentado sustantivamente los recursos invertidos ampliando la cobertura del programa de APR en 21% para beneficiar a 645 mil familias. En 2021 se invertirán más de 342 millones dólares… Como parte del plan se mantendrá un impulso de inversión en APR para alcanzar una inversión de 650 millones de dólares para el bienio 2021-2022”, desarrolla la propuesta.

Despilfarro en la ciudad

El sector sanitario abastece a más de 15 millones de personas en el país y representa el 11% de la demanda consuntiva de agua. En este ámbito, la estrategia estatal contempla “sancionar los usos no responsables de agua. Esto se hará mediante un trabajo coordinado con los municipios para la creación de ordenanzas municipales que sancionen el riego de jardines durante el día, riego tendido de parques y plazas, lavado de autos con manguera, apertura de grifos, entre otros usos irresponsables del agua”.

Grifo perdiendo agua
La utilización indebida del agua de los grifos, así como otros tipos de despilfarro de agua, serán punidos por las autoridades.

Además, anticipa que “se harán las modificaciones correspondientes para tener un sistema de tarificación por bloques y ampliar el castigo al sobreconsumo. Se modificará el Decreto Supremo 90 para prohibir las descargas de emisarios submarinos sanitarios con tratamiento primario. De esta forma, las sanitarias que operan en la costa tendrán que realizar obligatoriamente un tratamiento secundario, de forma que las aguas residuales podrán tener un uso industrial o agrícola”.

En este sentido también apunta a que las “sanitarias deberán reducir la pérdida de agua en las redes de distribución, ya que actualmente el 33% del agua producida no llega a los usuarios y se pierde en las tuberías. Con este plan se reducirán las pérdidas a 25% en 2030”.

¿Qué faltó?

Este plan castiga el mal uso del vital elemento en las ciudades, pero nada de eso expresa para los ámbitos productivos como forestal, minero, agrícola y ganadero que consumen el 88% del agua dulce en el país.

Además en esta propuesta se extrañan planteamientos en, por ejemplo, el tratamiento de las aguas grises, limitar en el aumento de la superficie de plantaciones con monocultivos, privilegiar la producción agrícola para el mercado nacional y no para la exportación, analizar en profundidad las concesiones mineras que afecten potenciales fuentes hídricas, protección de ecosistemas fundamentales en el ciclo del agua (humedales, glaciares, bosques, ríos, etc.), mayor fiscalización del buen uso de los derechos de aguas y extracciones ilegales, entre otras muchas medidas que cada vez se hacen más perentorias ante el crítico escenario hídrico que enfrenta el país.